La expansión de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de información, así como de desarrollo de la actividad social y económica, precisa de la existencia de un marco jurídico adecuado que sirva para generar la confianza necesaria entre los actores intervinientes.
En este sentido la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información regula el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
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